xoves, 2 de setembro de 2010

Japón muestra por primera vez sus cámaras de la muerte


EL PAÍS - Madrid
ELPAIS.com - Internacional - 27-08-2010

Dicen que en Japón hay dos cosas que están rodeadas de un extremo secretismo: una, la vida dentro del palacio imperial; otra, todo lo que rodea a la pena de muerte.

La ministra de Justicia, Keiko Chiba, es la encargada de firmar las sentencias en el país. Es una firme opositora a la pena capital. Pese a ello, el pasado 27 de julio mandó ejecutar a dos reos: Kazuo Shinozawa, de 59 años, condenado por la muerte de seis mujeres en el incendio de una joyería en 2000, y Hidenori Ogata, de 33 años, sentenciado por matar a un hombre y una mujer en 2003. Las dos ejecuciones ponían fin a una moratoria no escrita, por la que no se había ejecutado a ningún preso en el último año. Siete personas fueron ajusticiadas en los primeros meses de 2009.

Estas dos ejecuciones puede que hayan marcado un punto de inflexión, al menos en el secretismo sobre la pena capital. La ministra, algo insólito hasta la fecha, fue la encargada de presenciar las ejecuciones, y después compareció ante la prensa. "Me ha hecho pensar de nuevo profundamente sobre lo que significa la pena de muerte y de nuevo siento con toda firmeza que es necesario una discusión fundamental sobre la pena capital", declaraba para anunciar que el gobierno iba a revisar todo el proceso. Las imágenes difundidas hoy buscan mostrar, así, parte del proceso a los japoneses.

El reo no sabe la fecha de su ejecución

107 personas esperan en el corredor de la muerte a ser ajusticiados. La pena de muerte en Japón tiene un componente aún más sádico si cabe que en otros países donde se aplica el castigo máximo: el sentenciado no sabe cuándo va a ser la ejecución. Puede pasar años en el corredor de la muerte, hasta que una mañana se presenta el guardia de la cárcel para comunicarle al reo que le ha llegado la hora. Las organizaciones contrarias a la pena de muerte, como Amnistía Internacional , denuncian esta tortura psicológica que supone no saber qué día se va a cumplir la sentencia. Los distintos gobiernos han ido heredando la misma excusa: con esta práctica, aseguran, se intenta evitar crear la ansiedad en el reo ante la fecha inminente de su muerte.

La pena de capital se aplica en siete penales de Japón. Pocas personas han tenido, hasta ahora, acceso a las instalaciones. Esa información ni siquiera llega a los familiares del ajusticiado, que suelen recibir la notificación de que la ejecución se ha cumplido a través del abogado del reo. El ocultismo afecta también a los propios políticos. En 2003, por primera vez en las últimas tres décadas, una comisión compuesta por nueve parlamentarios pudo visitar el penal de Tokio.

El día de la ejecución, según los pocos testimonios que hasta ahora han transcendido , el reo es conducido a una sala contigua, donde hay cánticos religiosos, como los sutras, que narran pasajes de la vida de Buda. De la ejecución son testigos el director del penal y al menos un funcionario de la oficina del fiscal, que certifica que le pena se ha cumplido. Este redacta un informe a su superiores, pero tiene terminante prohibido hablar del ajusticiamiento. El reo se confiesa en una sala contigua con un sacerdote. La sala de ejecuciones, de paredes de madera, tiene el suelo acolchado. En medio cuelga una soga. Los encargados de accionar la palanca que hace vencer la trampilla son tres funcionarios del penal. En una sala contigua, sin vistas a la soga, pulsan a la vez tres botones. Solo uno de ellos acciona realmente la trampilla. Así se pretende evitar que el funcionario sufra algún tipo de trastorno psicológico, o pueda ser señalado como verdugo.

Una vez cumplida la ejecución, el reo debe permanecer entre uno y cinco minutos colgado, aunque este periodo se puede prolongar a juicio del director del penal, que actúa de maestro de la ejecución.

Las organizaciones contrarias a la pena de muerte, denuncian además, las escasas garantías jurídicas. En un sistema donde prima sobre todo la confesión del culpable, las organizaciones de derechos humanos denuncian que los presos puedan estar hasta 23 días sin contacto con los abogados, y que además, la asistencia letrada no sea obligatoria en los interrogatorios policiales. Tampoco hay límite de edad, y en el corredor de la muerte hay presos octogenarios. Las mismas organizaciones también denuncian que entre ese centenar de presos que no saben la fecha de su ejecución, hay varios enfermos mentales .

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