luns, 16 de xaneiro de 2012

Guantánamo: una década ignominiosa para el mundo


La impunidad de los atroces delitos de EEUU contrasta con la persecución de los que cometen países periféricos
GONZALO BOYE TUSET 11/01/2012
Al cumplirse diez años de la transformación de Guantánamo en un centro de detención y torturas es un buen momento para plantearnos tanto la necesidad de exigencias de responsabilidades por los delitos allí cometidos como la existencia de un doble rasero en materia de derechos humanos por parte de las grandes potencias. La "guerra contra el terror" iniciada por George W. Bush no ha sido más que un eufemismo para entronizar la comisión a escala universal de los más atroces delitos internacionales que, ahora, se pretende queden impunes.
A estas alturas sobra explicar lo que ha sido y es Guantánamo: las historias de los presos son múltiples basta conocer la de alguno, como la del turcoalemán Murat Kurnatz, para comprender lo aberrante de la existencia de Guantánamo y las justificaciones de los perpetradores, variadas y algunas sorprendentes, por inad-misibles, como las de la coronel jurídica Diane Beaver.
Tampoco debería bastarnos la promesa e intención pos-electoral del presidente de EEUU, Barack Obama, cuando anunció hace casi dos años el cierre de un centro por cuyas celdas e instalaciones diseñadas para la tortura han pasado más de 779 presos, de los cuales hoy quedan unos 196, y de estos últimos ya se ha acordado que 89 sean trasladados nuevamente a sus casas o a terceros países, pero siguen allí sin juicio, sin cargos y sin justicia.
Después de una década de ignominiosa existencia, de este y otros centros de detención y tortura, deberíamos plantearnos la necesidad de exigencia de responsabilidades; de hecho, se está haciendo en diversas jurisdicciones que cuentan con los mecanismos necesarios para ello. Lo lamentable es que allí donde se ha pretendido, la respuesta ha sido siempre la misma: nadie quiere investigar.
En España hemos iniciado dos procesos para la exigencia de responsabilidad penal a los torturadores; uno contra los asesores legales de Bush, que idearon el andamiaje legal que ha hecho posible el laberinto que no limbo jurídico de Guantánamo y otro contra los responsables directos de lo allí sucedido. Uno y otro procedimiento han seguido suertes desiguales.
Una de las paradojas en las causas por Guantánamo es que quien inició la investigación por lo allí sucedido fue el juez Baltasar Garzón, ahora pendiente de condena por investigar los crímenes del franquismo. Dicho proceso sigue su curso gracias a la dedicación del Juez Pablo Ruz; faltando, para que estemos ante una investigación y persecución efectiva, la directa imputación de los principales responsables de los delitos cometidos en esa base naval.
Proceso bloqueado
El otro proceso, tal cual nos enteramos por Wikileaks, contra los asesores legales de Bush ha sido inadmitida a trámite, archivada y cursada de inhibición por el juez Eloy Velasco, quien en abril de 2011 hizo exactamente lo que, según Wikileaks, le habría ofrecido a las autoridades norteamericanas un año antes, en abril de 2010, por aberrante que parezca desde la perspectiva procesal. Esta medida está recurrida y aún no se halla resuelta pero sí podemos concluir que la actitud de las autoridades españolas ha sido la misma que en Alemania, en Suiza, en Bélgica y en otros muchos países donde se ha intentado: nadie quiere investigar ni molestar a los poderosos, garantizándoles, así, una indeseable impunidad.
Por el contrario, cuando los crímenes de lesa humanidad o los de guerra los cometen los gobiernos de países periféricos, entonces todo el peso de la Justicia penal internacional cae sobre sus perpetradores; eso sí, sólo sucede una vez que han sido defenestrados o han caído definitivamente en desgracia ante occidente.
Un buen ejemplo de este doble rasero del que hablamos lo podemos encontrar en el caso del libio Gadafi; mientras fue útil a los intereses de las grandes potencias se le permitió todo y más. Cuando comenzó a ser un problema real o un inconveniente para los intereses de occidente no sólo se le atacó militarmente sino que, además, se activaron los mecanismos de represión con la propia Corte Penal Internacional (CPI) a la cabeza, realizándose una investigación cuasi en "tiempo real", como ha dicho una responsable de la misma.
Contratos en las jaimas
Nadie podrá justificar las atrocidades cometidas por Gadafi, ni las cometidas en su contra, pero mientras presumía de riquezas y repartía contratos y concesiones en una de sus jaimas con los líderes europeos a nadie parecía importarle los crímenes que se estaban cometiendo; otro ejemplo del doble rasero con el que se aborda el problema de los derechos humanos y, ahora, tampoco a nadie le preocupa los que allí en Libia siga sucediendo.
La actuación de la CPI en el caso de Gadafi es una buena demostración de que existen instrumentos de represión penal para los más graves crímenes contemplados en el derecho penal internacional; lamentablemente, también ha sido un buen ejemplo de la existencia de dos varas de medir dependiendo no de la gravedad del hecho sino de la nacionalidad y posición de su autor.
Los crímenes más atroces que afectan a la comunidad internacional han de ser perseguidos con independencia de quién los cometa y ello porque no afligen sólo a la víctima directa que los padece sino al conjunto de la sociedad internacional y, también, porque así se evitan paradojas como la que estamos viviendo en España, por la cual el único condenado por los crímenes del franquismo terminará siendo quien quiso investigarlos.



El presidente de EEUU acaba de autorizar la detención indefinida de sospechosos
FERNANDO RAVSBERG La Habana 11/01/2012
Hace hoy diez años desembarcaban los primeros prisioneros de la "guerra contra el terror" en el campo de reclusión de Guantánamo. Ese día, desde las montañas de Cuba, un grupo de corresponsales extranjeros contemplábamos su llegada. Vistos desde los lentes de nuestras cámaras los detenidos parecían muy pequeños, avanzando encadenados entre sus enormes custodios militares. Aún nadie sabía a ciencia cierta cuál sería el destino de aquellos hombres que veíamos bajar de los aviones.
Eran los "combatientes enemigos", una nueva raza carente de los derechos básicos que gozamos los demás seres humanos. Ellos pueden ser capturados sin pruebas, secuestrados, trasladados clandestinamente, torturados y detenidos sin juicio por siempre. La clasificación jurídica se le ocurrió al mismo presidente que legalizó el uso de la tortura. Toda una política que el Obama candidato prometió cambiar, recibiendo el apoyo de la mayoría de los estadounidenses y de la comunidad internacional.
Cuando asumió la presidencia le dijo al mundo que, en el futuro, lo que se haga en la lucha contra el terrorismo sería diferente: "Lo vamos a hacer de forma que sea consecuente con nuestros valores y nuestros ideales". El 22 de enero de 2009, en su segundo día en la Casa Blanca, emitió una orden ejecutiva en la que decretaba el cierre definitivo del campo de prisioneros de Guantánamo en el plazo máximo de un año. Otras órdenes firmadas ese mismo día por el flamante presidente convertían en ilegal la tortura y también todo el programa de la CIA que permite retener en prisiones secretas, sin control judicial y durante años, a los sospechosos de terrorismo.
Sin embargo, el tiempo pasó y las órdenes de Obama no se cumplieron.
Es más, el presidente acaba de firmar una ley que da total libertad al Gobierno de EEUU para detener a sospechosos de forma indefinida sin importar que sean ciudadanos extranjeros o estadounidenses. Lo curioso es que Obama asegura no estar de acuerdo con aspectos claves de la ley. Declaró que la firmó "a pesar de tener importantes reservas con ciertas disposiciones que permiten la detención, interrogación y acusación de sospechosos de terrorismo".
Los cables secretos del Pentágono revelados por Wikileaks confirman que el 60% de los arrestados fueron conducidos a Guantánamo sin pruebas concluyentes en su contra. Bastaba con que los considerasen una "probable" amenaza a EEUU, también si "quizás" pudiera serlo y a veces hasta cuando creen que es "improbable".
Entre otros casos, detuvieron en Guantánamo como "combatientes enemigos" a un anciano de 89 años con demencia senil y depresión, cuyo único delito fue tener un teléfono satelital en su casa, a otro que tenía un primo en la Yihad y a un tercero por transitar rutas que usan los talibanes. Pero casi ninguno pudo probar su inocencia porque sólo el 1% de las 779 personas que pasaron por el campo de prisioneros fueron juzgados. Al menos una docena eran menores de edad, 8 murieron en la cárcel, seis de ellos por suicidios.
En un congreso en España, un colega de un gran medio madrileño nos dijo que le importaba más la vida de un cubano que la de cien negros. Pero según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos son para todos, incluso para los africanos, los indígenas, los asiáticos y los árabes.
Son también para quienes piensan diferente, para los que actúan fuera de la ley e incluso para aquellos que utilizan la violencia extrema contra civiles inocentes. Todos deberían tener derecho a un trato digno, a un juicio justo y a una verdadera defensa.
Sin embargo, parece que a los corresponsales extranjeros que teníamos la esperanza de volver a las montañas para ser testigos de la salida de los últimos presos de la base militar de EEUU nos toca esperar. Es más, con la nueva ley que el presidente Obama acaba de firmar habrá que prepararse incluso para ver cómo, en un futuro no muy lejano, los afganos comparten sus celdas en Guantánamo con ciudadanos estadounidenses.

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