mércores, 8 de maio de 2013

Cumbre del G-8, Génova, julio de 2001: la película


‘Diaz’, de Daniele Vicari, reconstruye la violencia policial contra el movimiento antiglobalización
La acción de los agentes acabó con 25 de ellos condenados en los tribunales

Fueron cuatro minutos. Aunque le parecieron una eternidad. Tumbado, en posición fetal, Chabier Nogueras aguantó los porrazos que le propinaban los agentes. Era la noche del 21 de julio de 2001, Génova acogía una reunión del G-8, y unos 400 policías irrumpieron en la escuela Armando Diaz, supuestamente en busca de los black block con los que se habían enfrentado en los días previos. Pero allí solo dormían 93 “personas claramente inermes” —según diría el Supremo finalmente—, entre ellos el activista aragonés.
No era un nido de anarquistas, sino la sede del Genova Social Fórum (una organización que coordinaba a los movimientos de manifestantes). Dio igual. Se llevaron golpes, traumas críticos, pulmones perforados y fracturas. Las paredes de la escuela se cubrieron de sangre. Y la policía italiana se manchó con “la mayor suspensión de los derechos democráticos en un país occidental desde la Segunda Guerra Mundial”, en palabras de Amnistía Internacional. Sobre esa página negra pone sus focos Diaz. No limpiéis esta sangre, el filme de Daniele Vicari que se estrena el próximo 10 de mayo en España.
En realidad, la historia —y la película— empieza antes. Ríos de manifestantes de todo el mundo se congregaron en Génova del 19 al 22 de julio de 2001 para protestar contra la globalización y los ocho hombres más poderosos del planeta. La aplastante mayoría lo hizo con marchas pacíficas. Pero unos pocos escogieron el enfrentamiento con la policía. Los choques con los miles de agentes desplegados por el Gobierno de Berlusconi se saldaron con un muerto, el joven Carlo Giuliani. “Las cargas policiales fueron de una crudeza que no nos podíamos imaginar. Había un clima de miedo, acoso y exageración. Parecía que los agentes contemplaran la posibilidad de que hubiera muertos”, recuerda Andrés Padilla, otro activista que se desplazó a Génova. En esta atmósfera, en una ciudad blindada, los antidisturbios acudieron a la Diaz en busca de culpables y, quizás, venganza.
 “Fue un momento único. Cientos de policías mantuvieron, bajo la mirada de las cámaras, un comportamiento que negaba el Estado de derecho”, asegura Vicari. Y así lo reflejó en el filme: con algunas imágenes reales, y sobre todo con secuencias que no dejan mucho espacio para la imaginación. “Puede que sea una película, pero no es ficción”, defiende la web del largometraje. Así, Diaz muestra como los 93 que dormían en la escuela fueron apaleados (y, algunos, llevados a la comisaría de Bolzaneto y “torturados”, como dejó claro en 2008 la primera sentencia sobre esos sucesos) sin que hubiese acusaciones ni pruebas contra ellos. De hecho, el Supremo italiano denunció en 2012 “el odioso comportamiento de quien, en posición de mando, una vez descubierto que el registro había acabado en masacre injustificable, decidió insistir en las detenciones creando una serie de circunstancias falsas”.
Ya desde la primera instancia judicial quedó demostrado, por ejemplo, que los agentes habían introducido en la Diaz dos cócteles molotov, requisados en los días previos, para usarlos como pruebas. Sin embargo, esa primera sentencia condenó a nueve policías aunque absolvió a toda la cadena de mando. “La justicia truncada”, tituló La Repubblica.
Hubo que esperar hasta la apelación, de 2010, y la sentencia definitiva del pasado julio para llegar a un veredicto que Nogueras considera “exitoso”. El tribunal de apelación elevó las condenas a 25 de los 28 imputados, entre ellos algunos de los jefes de la policía: por lesiones, a los agentes, y por sus testimonios falsos, a los directivos. El Supremo confirmó finalmente esta vuelta de tuerca.
A sentencias y actas se remitió Vicari para su versión “cero novelizada” de lo ocurrido. Bastante cruda era ya la realidad. “Parecía una construcción contra los agentes. Pero luego vi que los relatos de los testigos coincidían perfectamente, incluso con lo declarado por algunos policías”, recuerda. A eso Vicari añadió las entrevistas a 50 testigos, entre víctimas y agentes. Y con Ana, una activista alemana que aparece en el filme, cuyo testimonio le dejó impactado: “Fue tan fuerte que pensé que tal vez no fuera justo rodar la película”.
Otra joven alemana fue la razón por la que Diaz arrancó. “Tras el primer juicio dijo que jamás volvería a Italia. Pensé que la cosa iba conmigo, que era mi país”, cuenta Vicari. La idea acababa de nacer. Faltaba el dinero. Y solo llegó tras decenas de noes. “En Italia nadie quería hacer este filme. Era la primera vez que a Domenico Procacci [el productor] ni le leían el guion que enviaba”. Prueba de ello es que una historia tan italiana acabe saliendo con una coproducción internacional. Y otro indicio es la circular con la que el Ministerio de Interior obligó a los policías italianos a no hacer declaraciones sobre Diaz.
“Ninguno de los condenados pidió jamás disculpas”, cuenta Laura Tartarini, abogada que ha asistido a las víctimas en toda su odisea judicial. Aunque el jefe de la policía, Antonio Manganelli (fallecido el pasado 20 de marzo), afirmó tras la sentencia definitiva que había llegado “el momento de las excusas a los ciudadanos que han sufrido daños, y a los que, confiando en esta institución, la han visto en dificultad”. A estas declaraciones se remite la policía italiana para todas las demás cuestiones, relacionadas con lo sucedido en Génova, que este periódico le planteó en un correo electrónico.
Finalmente, Rumanía y Francia financiaron a Vicari. Mientras que Italia, según el director, respaldó a los agentes de la irrupción, aunque fuera con su silencio: “Detrás de esa masa de policías no basta con pensar que hubiera una orden. Estaban convencidos de que el país estaba con ellos. Con una sociedad civil alerta jamás lo hubiesen hecho”. Para Vicari la clave es una “pérdida de confianza mutua entre ciudadanos e instituciones”. “La impotencia de los Gobiernos para detener las protestas hace que aparezca la policía. Pero si cada problema social pasa a ser de orden público, la democracia ya no tiene sentido”, agrega el cineasta.
Sobre eso, y unos cuantos asuntos más, el director quiere hacer reflexionar al espectador: “Espero que la gente entre en la sala con dos preguntas y salga con 200”. Aunque, entre tantas dudas, existe el riesgo de que una acabe siendo: ¿acaso la policía es un enemigo? De eso, y de una reproducción algo superficial ha sido acusado Vicari por sus (pocos) críticos.
De torturas, en cambio, fueron acusados los que irrumpieron en la Diaz y terminaron su trabajo en Bolzaneto. Pero ese delito no existe en la legislación italiana. Así que los agentes fueron imputados por lesiones graves. Un crimen más leve, que ya ha prescrito. Ninguno de los policías condenados pisará la cárcel, aunque fueron apartados de empleos y cargos públicos durante cinco años.
Por ello, Chabier Nogueras aún sigue peleando. Ha acudido, junto con otras víctimas, al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, para pedir que Italia tipifique el delito de tortura. La Corte admitió a trámite en enero su recurso y dio tres meses al país transalpino para aclarar los sucesos de Génova. También hay otros frentes abiertos: el juicio por lo ocurrido en la comisaría de Bolzaneto terminará en mayo. Y luego arrancará la causa civil, para las compensaciones en dinero a las víctimas. “Me importa que se establezca la verdad histórica”, cuenta el activista. Porque muchas heridas se cicatrizan. Pero cuatro minutos de palizas, 12 años después, siguen doliendo.

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