xoves, 16 de xaneiro de 2014

Sevilla 1980: cuando abortar era delito


RAÚL SOLÍS / Sevilla / 2 Ene 2014 eldiario.es

En 1980, en una España con una recién creada arquitectura democrática y un alma franquista con solera, un grupo procedente de Valencia compuesto por dos hombres y dos mujeres -tres de Málaga y uno de Valencia- abrió en Sevilla un centro de planificación familiar clandestino. Se practicaron 432 abortos, de no más de 12 semanas de gestación, hasta que la policía descubrió que las mujeres estaban siendo libres por encima de las posibilidades de la época. Andalucía, junto a Valencia, fue vanguardia en la defensa del derecho a decidir de las mujeres en todo el Estado.
El 9 de enero de 1980, en el número 29 de la sevillana calle Mateos Gago, muy cerca del Palacio Arzobispal, se instalaron cuatro personas que ya habían puesto en marcha tres grupos abortistas en Valencia. Su compromiso feminista los llevó a exportar la experiencia a Andalucía. El objetivo era facilitar a las mujeres la posibilidad de decidir sobre su maternidad aminorando los riesgos de las prácticas abortivas caseras que mataron a no pocas jóvenes.
El grupo se ganó las complicidades de los partidos de izquierdas, sindicatos, colectivos feministas y de médicos progresistas. Un salvoconducto permitía agilizar los trámites de ingreso en el Hospital Macarena en caso de que se complicara algún aborto. Afortunadamente, nunca hubo que usar el talonario de ingresos en blanco que los médicos progresistas dejaron en el Centro de Planificación Familiar Los Naranjos.
“Nunca ocurrió ninguna complicación”, asegura José Ángel Lozoya, que llegó a una Sevilla “culturalmente muy pobre” y en la que “había apellidos que pesaban”. Este hombre, que actualmente tiene 62 años, se enamoró de una sevillana y es el único que, tras el cierre de la clínica y el megaproceso judicial, sigue viviendo en la capital andaluza.
La heroicidad solamente duró nueve meses. El 20 de octubre de 1980, una espectacular operación policial se saldó con 25 detenidos, se abrió un macroproceso judicial que duró 13 años y acabó con 5 condenados que fueron indultados en 1994 por el último Ejecutivo de Felipe González.
LOS INICIOS
Todo comenzó gracias a Françoise, una feminista francesa que fue clave en la implantación de los tres grupos valencianos y del centro sevillano. Una emigrante valenciana, que trabajaba en una factoría de Renault en Francia, contactó con Françoise. La mujer valenciana, militante de izquierdas, le contó a la francesa las vicisitudes por las que estaban atravesando las españolas que querían interrumpir su embarazo.
La mujer francesa cruzó los Pirineos con instrumental médico y recaló en Valencia, donde contactó con las personas que la trabajadora de la factoría de Renault le había dicho. A Lozoya le pidieron su piso y éste lo cedió para practicar abortos. “Ahí empezó todo. Era militante antifranquista y colaboraba con todo lo que fuera libertad”, detalla este hombre que se crió en el exilio y al que se le ilumina la cara cuando habla de libertad.
Lozoya habilitó una sala de espera en su piso convertido en una improvisada clínica abortista. Ofreció refrescos y algunos frutos secos a las mujeres y acompañantes que esperaban su turno. “¿Quieres pasar a ver?”, le propusieron. Entró. Al mes ya sabía practicar abortos por el método Karman, una práctica por aspiración que es la que se usa ahora en las clínicas legales por ser el método más seguro del mundo y recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En Sevilla, Lozoya y su equipo citaban a las mujeres en la turística Plaza Refinadores, cercana al centro de planificación y adecuada para confundir a las jóvenes con turistas. De allí se dirigían a un piso cedido por alguna militante feminista que podía ser apaleada por miembros de Fuerza Nueva si se le ocurría manifestarse para defender “anticonceptivos para no abortar y aborto libre para no morir”, recuerda Eugenia Gil, histórica feminista y actual profesora de la Universidad de Sevilla.
Gil era asidua a las convocatorias en defensa del derecho a decidir de las mujeres y rememora un episodio en el que un compañero de militancia la salvó de caer en las garras de la violencia de la ultraderecha. Otras de sus compañeras tuvieron menos suerte.
Los abortos no se practicaban en la sede del centro de planificación para no poner en riesgo la vida de las mujeres ante una posible intervención policial, hecho que ocurrió el 20 de octubre de 1980. Días antes, “los policías secretas merodeaban por las inmediaciones de la clínica vestidos de albañiles”, recuerda, “como si fuera ayer”, Lozoya.
EL CIERRE
El cierre de Los Naranjos convulsionó la normalidad de la vida social y política sevillana. 26.250 personas, de todo el territorio estatal, se inculparon ante el juez en solidaridad con los acusados. Incluidos los 6 concejales comunistas de la primera corporación democrática del Ayuntamiento de Sevilla, entre los que se encontraba Amparo Rubiales, ahora en el PSOE, una incansable luchadora por los derechos de las mujeres.
Hija de un juez franquista “de misa y comunión diaria”, Rubiales dedicó los mejores años de su vida a luchar contra Franco. “Yo antes que comunista era feminista”, asevera quien fuera la primera consejera de la Junta de Andalucía. Rubiales fue la promotora de una moción municipal en solidaridad con la Clínica Los Naranjos.
El alcalde hispalense de entonces, el andalucista Luis Uruñuela, se opuso a tramitar la iniciativa. Lo que provocó que medio centenar de mujeres ocupase el salón de plenos del Ayuntamiento en apoyo a la iniciativa de Amparo Rubiales, en solidaridad con los detenidos de Los Naranjos y a favor de los derechos de las mujeres.
Uruñuela, el primer edil hispalense, retiró las competencias de gobierno a los seis concejales comunistas que, junto con el Partido Socialista de Andalucía (PSA) y el PSOE, integraban el pacto de izquierdas que sustentó muchos de los primeros ayuntamientos democráticos andaluces.
El debate público estaba en marcha. La prensa heredera de la dictadura, la Iglesia y las fuerzas políticas de derechas, en contra de legislar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo; la prensa democrática y los partidos progresistas, favorables a legislar para dar cobertura legal a lo que Amparo Rubiales define como “auténticas tragedias”. Nada ha cambiado en los posicionamientos.
El grupo se disuelve. Menos Lozoya, el resto de los integrantes se instalan en Málaga, su ciudad natal, tras el cierre y puesta en libertad después de estar 72 horas detenidos en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía. A Lozoya le costó incorporarse a la normalidad de Sevilla, la prensa más integrista le puso difícil el anonimato. Tardó dos años en encontrar trabajo. El amor que le invitó a quedarse a vivir en la ciudad aún perdura.
“Lo privado es político”, gritaban Eugenia Gil y Amparo Rubiales, ambas militantes del Partido Comunista en 1980. El derecho a decidir ya era un asunto político que había salido de la clandestinidad. Ahora, de aprobarse el anteproyecto de ley del aborto impulsado por el ministro Ruiz-Gallardón, la clandestinidad puede salir de los libros de Historia para pasar a ser presente.
Las 432 mujeres que abortaron en la Clínica Los Naranjos eran de izquierdas, de derechas, católicas, ateas, militantes, no militantes, andaluzas o no, pobres y ricas. El único denominador común es que “todas estaban en contra del aborto hasta que les tocó a ellas”, sentencia Lozoya, quien narra aquel tiempo con la pasión de los compromisos que duran toda la vida.

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